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La Conselleria de Educación prepara cambios en el sistema de configuración de los tribunales de oposición para profesorado. Así lo ha anunciado el conseller de Educación, José Antonio Rovira, durante la celebración de un foro sobre Educación y Cultura organizado por TodoAlicante. El anuncio se ha producido apenas dos días después de que la Conselleria y los sindicatos llegaran a un acuerdo para desconvocar una huelga prevista para este mismo sábado, que amenazaba las pruebas a las que estaban convocados más de 18.000 opositores para obtener plaza como docentes de secundaria.
La situación se ha desbloqueado después de que el órgano autonómico se comprometiera a abonar las gratificaciones por asistencia a los miembros del tribunal examinador sin que estos tengan que acreditar que han actuado en sesión vespertina. Los cambios que baraja ahora la Conselleria pretenden evitar conflictos de este tipo.
Según ha explicado Rovira, se propone que los cinco miembros de cada tribunal sean sustituidos en sus centros por profesores interinos, de modo que puedan dedicarse exclusivamente al concurso-oposición en los periodos de marzo a junio y de septiembre a diciembre. «Creemos que este modelo aportará beneficios objetivos porque el procedimiento selectivo no estará sometido a las presiones de tiempo que actualmente sufre», ha apuntado el conseller.
José Antonio Rovira
Conseller de Educación
El cambio, que se está negociando con los sindicatos, también pretende evitar en la medida de lo posible la coincidencia entre el final del curso académico y la celebración de las oposiciones, por lo que se ha propuesto adelantarlas a marzo o atrasarlas a septiembre.
Respecto a la amenaza de huelga prevista para este sábado, el conseller ha acusado a los sindicatos convocantes de querer «radicalizar y asustar con esta cuestión», incidiendo en que la Conselleria «no iba a poner en peligro» el desarrollo de las pruebas.
Entre otras cuestiones, Rovira ha aprovechado su presencia en el foro de TodoAlicante para repasar las cifras del Pla Edificant en la provincia de Alicante. De acuerdo con esos datos, en la actualidad hay 246 actuaciones delegadas en 78 municipios, en las cuales ya se han certificado cerca de 200 millones como parte de una inversión global de 532 millones.
También ha hablado del nuevo decreto para frenar las agresiones a docentes, que dotará a estos profesionales de mayor apoyo jurídico y psicológico. «Las agresiones son intolerables. Vamos a poner todos los medios al servicio de esta causa», ha afirmado el conseller, que reconoce un aumento de la conflictividad en las aulas desde la pandemia de la covid. Este reglamento también permitirá detallar más las restricciones en el uso del móvil en el entorno educativo.
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Respecto a los cambios que comportará la Ley de Libertad Educativa, ha recordado que Educación facilitará a todos los centros un modelo orientativo de programa de lenguas vehiculares para plasmar los resultados de la consulta en la que han participado las familias. Estos modelos plantean que la asignatura de Matemáticas se imparta siempre en castellano, y la de Conocimiento del Medio, en valenciano.
También ha tenido palabras de recuerdo para la gestión del anterior equipo de gobierno autonómico, aludiendo a la denuncia de un entramado empresarial para defraudar más de un millón de euros en subvenciones públicas para el fomento del empleo. A este respecto, ha recordado que la Conselleria ha aumentado los requisitos para acceder a las subvenciones y que se han establecido más controles que eviten el fraude, como investigar las vinculaciones entre empresas o exigir que no tuvieran contratos indefinidos en los últimos tres meses.
En materia universitaria, ha enfatizado los beneficios del sistema de centralización de listas de espera para acceder a la universidad, que entrará en vigor este mismo curso, y ha arremetido contra el decreto de universidades anunciado por el Gobierno, ya que «resta competencias a las comunidades autónomas y acabará con la especialización de las universidades privadas». Con esto último se refería a la obligatoriedad para los centros privados de nueva creación de ofrecer titulaciones en al menos tres de las cinco áreas de conocimiento.
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